Un año de Rajoy nos ha mostrado la verdadera cara de un gobernante y un Gobierno que no ha tenido ningún problema moral ni político en cambiar el 100% de sus promesas electorales. El cambio de rumbo entre lo que Rajoy hace y por lo que se le votó es achacado a la crisis económica, pero no todo es así. Hay muchas medidas que nada tienen que ver ni “con la herencia recibida” ni con las consecuencias de la crisis. El objetivo marcado por Rajoy, desde un principio, y él lo sabía, es devaluar a España, devaluar un país que había conseguido una clase media extensa, unos derechos sociales, una educación pública (siempre atacada y cuestionada por el PP), y una sanidad envidiable.

Un año después, hemos visto todos los posibles recortes habidos y por haber, algunos incluso inimaginables en el área de sanidad o de la justicia. Hemos visto una reforma educativa que nada tiene que ver con la economía, sino con la más pura ideología conservadora. Hemos visto una propuesta de reforma judicial que ha puesto en pie a todos los sectores, desde progresistas a conservadores, así como a todos los niveles. O estamos viendo medidas y sanciones gravísimas que no tienen que ver con los recortes, sino con el rodillo de quien tiene una concepción laxa de la democracia: ahí están las multas y sanciones por manifestarse, que sirven para meter miedo y desmantelar derechos tan básicos como protestar. O vemos la imposibilidad de modificar una ley claramente injusta como la que permite los desahucios, porque el Gobierno tiene claro dónde está y a quién defiende.

Las continuas privatizaciones de sectores y servicios detrás de los cuales se ocultan intereses personales, el cruce entre lo privado y lo público, intercambiándose gestores que pasan del puesto de ministro a la empresa privada (así en todos los niveles), los intereses millonarios que se están manejando con cada decisión gubernamental, resultan indignantes, indecentes e inmorales, y ¡nada tiene que ver con la crisis económica!

Gobernar a base de decretos, ordeno y mando, falta de diálogo, con la devaluación más absoluta del parlamento y de la política, no es una consecuencia de la crisis, sino claramente la mano dura del Rajoy más ultraconservador con unos apoyos a los que nos les tiembla la mano, desde Soraya a Cospedal, desde Wert a Gallarón, desde Mato a Báñez.

Y, en este contexto, aparece al gran líder: Aznar. Presenta sus memorias sacando pecho, recordando su “milagro económico”, sin reconocer que hay dos gravísimos problemas que nos han traído hasta aquí que son origen de su Gobierno y gestión: uno, la burbuja inmobiliaria, y dos, la corrupción y el despilfarro.

Pero, si considero que el rumbo de este país es un verdadero desastre, si se están dinamitando sin miramientos la red social y de cobertura, si se desmantela por pura ideología los derechos básicos ciudadanos, si se aplica el rodillo gubernamental para demostrar “por decreto” quien manda aquí, si estamos tirando por la borda el futuro construido con base en la ciencia y el conocimiento, si se privatizan las pocas joyas de la corona que tenemos para que unos sigan enriqueciéndose a costa del sufrimiento de la mayoría, si nadie da explicaciones y mucho menos asume responsabilidades ni políticas ni penales (todavía porque confío en que la justicia sea lenta pero no ciega), hay una decisión tomada en este país que, en mi opinión, sería suficiente para penalizar a este Gobierno: la reforma laboral.

La reforma laboral significa devaluar a España por medio del trabajo, bajar salarios, eliminar condiciones y derechos, permitir que se pueda trabajar más por menos, y rebajar a este país a un puesto de tercera dentro del conjunto de la Comunidad Europea.

Por decreto, con una única firma, lo que los trabajadores han conseguido con el sudor de su esfuerzo se desvanece. Se roba delante del país lo que ha costado décadas en conseguir. El trabajo es el único bien que nos queda y nos pertenece, y Rajoy ha decidido devaluarlo.

El objetivo de la reforma no es favorecer el trabajo, sino favorecer el despido. A mayor despido, mayor sensación de vulnerabilidad. Cuando las prestaciones se acaben, se recorten, se eliminen, empezará a crearse trabajo, ¡claro que sí!, ¿pero a qué precio y en qué condiciones? Ése es el objetivo.

Esa decisión no tiene justificación ni perdón. El daño hecho a este país, a su conjunto de trabajadores, a la gran mayoría social frente a una minoría, es irreparable.